Consultados por Democracia, distintos profesionales que en su labor diaria concurren a las distintas oficinas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, para resolver diferentes cuestiones o destrabar trámites clave, coinciden en que el cierre de distintas dependencias de la Región es “una gran pérdida social” y que complica ciertas labores al tener que trasladarse a otras dependencias cabeceras ya que no todo se resuelve de forma online y que muchas veces la plataforma presenta “fallas”. Por eso, los profesionales consideran que este cierre será muy perjudicial para la comunidad.
Así, el anuncio del Gobierno nacional de establecer una "readecuación del organismo", se tradujo rápidamente en el cierre de oficinas, reubicación de personal, retiros voluntarios y bonificación de secciones. De esta manera, empleados y contribuyentes locales deberán trasladarse a ciudades cabeceras para realizar sus trámites o adaptarse a las plataformas digitales. La medida se lleva adelante en el marco de un plan de reestructuración de la Agencia.
Cabe destacar que, en la Región, son ocho las dependencias comprometidas. Bragado, que será absorbida por Mercedes; Salto por Chacabuco; Trenque Lauquen y Bolívar por Pehuajó; y General Villegas, Lincoln y Rojas por Junín.
En ese sentido, el Cr. Maximiliano Cabrera, presidente de la delegación Junín del Consejo Profesional de Ciencas Económicas, resaltó que “puntualmente, acá no vamos a tener muchas modificaciones operativas porque vamos a mantener las condiciones que teníamos hasta ahora. Es decir, la agencia sede y la regional van a seguir funcionando” y añadió que, pese a eso, “hemos compartido con las distintas delegaciones del Consejo la preocupación por los cierres de otras agencias, como la de Lincoln y Salto”.
Además, especificó que su principal preocupación radica en el cierre de la dependencia de Rojas, porque impacta de forma directa sobre la delegación de Junín, ya que está bajo su órbita. “Sabemos que los colegas están trabajando con la parte política e institucional de sus lugares a los efectos de ver qué es lo que se puede hacer, a los efectos de modificar o repensar esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional”, manifestó y aclaró que, al no ser un organismo autónomo, no pueden llevar a cabo ninguna medida, ya que dependen de La Plata.
Así, sostuvo que “en Rojas iniciamos algunas acciones políticas para tratar de modificar, solucionar o paliar la situación, pero nos dijeron que una de las características de este gobierno era que una vez que toma las decisiones, rara vez, ha vuelto atrás”.
En ese aspecto, Cabrera remarcó que “son los principales afectados” y que “la principal afectación viene desde la parte previsional y jurídica”. Además, expresó su preocupación por la cantidad del recurso humano que se encuentra en stand by y sin novedades. “Creo que el motivo por el cual se producen estos cierres, es que en un gran porcentaje los trámites de AFIP hoy por hoy son virtuales, pero muchas veces los sistemas no funcionan acorde a esa tecnificación o a esa virtualidad que ellos quieren imponer”, aseguró y agregó “muchas veces tenemos fallas con las plataformas en cuanto a páginas o en las aplicaciones móviles”.
Incertidumbre en Salto
En esa misma línea, la Cra. Mariné Caporossi, presidente de la delegación Chacabuco del Consejo Profesional de Ciencas Económicas, expresó: “El cierre de la dependencia de Salto nos afecta directamente a los contadores porque más allá de que la gran mayoría de los trámites hoy día de la parte de AFIP están digitalizados, muchas cosas hacemos directamente nosotros”, y añadió que la medida también afecta a otros profesionales y, por ejemplo “a una persona de a pie que tiene que ir a hacerse la clave fiscal para poder tramitar la jubilación o realizar un operación inmobiliaria”.
En ese aspecto, Caporossi definió al cierre de la receptoría de Salto “como un golpazo”, porque allí se resolvían muchas cuestiones y ahora la gente debe viajar muchos kilómetros para solucionar trámites. Además, las dos personas que estaban asignadas en la dependencia “están bollando”, ya que no fueron reubicadas y corren riesgo de, por ejemplo, tener que ir a prestar servicios a Pehuajó. “Una locura porque sería a más de 400 kilómetros de su lugar de origen”, sentenció.
Pérdida social
Por otro lado, el Cr. Luis Montenegro, presidente de la delegación Lincoln del Consejo Profesional de Ciencas Económicas, sostuvo que la medida no lo sorprende porque “la realidad es que los trámites presenciales desde la llegada de la pandemia a la fecha se redujeron considerablemente porque muchos se trasladaron a las presentaciones digitales”.
Sin embargo, el profesional remarcó que “en ciudades como las nuestras, donde nos conocemos todos y muchas veces el hecho de tener la oficina ayuda a resolver algunas cuestiones que la normativa fría por ahí no la considera”.
En ese sentido, dio el empleo de las cartas de porte que utiliza el sector agropecuario. “Muchas veces el productor no podía mover la cosecha porque se trababa su emisión y eso, se solucionaba de manera informal o más rápida en la oficina”, contó Montenegro y añadió: “Ese canal informal que muchas veces se facilitaba con el hecho de que la oficina estaba en Lincoln realmente ahora se rompe y es lo que más se daña”.
Además, explicó que su preocupación “va por el lado humano y de las relaciones que se rompen” y que ven muy difícil que se revierta la situación, tal como lo manifestaron otras delegaciones. “Hoy en día para cualquier cuestión que no se pueda hacer vía Internet, tenemos que viajar a Junín, y eso para el linqueño conlleva al menos 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta” y expresó que “lo ideal sería tener un canal de diálogo con las autoridades de la AFIP, al menos de acá de la región, para ver cómo podemos manejar y canalizar estas cuestiones que pueden surgir”.
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